España frente al cambio climático: desmenuzamos el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética
El resultado de las elecciones generales del 28 de abril hace que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) esté un paso más cerca de obtener la luz verde en el Congreso. Hoy repasamos su contenido, que será la hoja de ruta y el marco normativo para la descarbonización de la economía española hasta 2050, siguiendo las directrices de la UE y cumpliendo con el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París.
Los objetivos
La situación de nuestro planeta es urgente, así que las referencias temporales son una de las claves. 2030 y 2050 son los dos grandes hitos que se han tenido en cuenta a la hora de fijar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la implantación de la eficiencia energética y la incorporación de energías renovables.
De cara a 2030, debemos reducir las emisiones de GEI en al menos un 20% con respecto a 1990. Será preciso haber mejorado la eficiencia energética en al menos un 35%, el 70% de la electricidad deberá provenir de fuentes renovables, un mínimo del 35% del consumo final de energía procederá también de renovables.
A city showing the effect of Climate Change
Para 2050, y según las directrices para la descarbonización de la Unión Europea, las emisiones deberán haberse reducido en un mínimo de un 90% con respecto a 1990, y el sistema eléctrico deberá ser renovable en un 100%.
¿Cambiará el escenario para la contratación pública?
Este aspecto es de especial relevancia para el sector de la construcción y la rehabilitación, y dará un fuerte impulso a los criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono. Todos los proyectos, contratos o concesiones deberán ceñirse a los criterios de consumo de energía casi nulo, utilizar materiales de construcción sostenibles, etc.
La Administración, por su parte, solo podrá arrendar inmuebles considerados como edificaciones con consumo de energía casi nulo, según los defina el Código Técnico de Edificación vigente en 2020, y los contratos de arrendamiento que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2030.
Los combustibles y la movilidad
El objetivo de descarbonización implica que no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos ni en tierra ni en aguas territoriales, en una firme apuesta por los combustibles renovables.
Más del 26% de las emisiones causantes del cambio climático en nuestro país proceden del transporte, así como casi la mitad de los gases NOX, especialmente perniciosos para la salud. Por ello, el anteproyecto quiere conseguir un parque vehículos ligeros sin emisiones directas de CO2 para el año 2050.
Esto implica nuevas oportunidades para el sector de la automoción, en cuya adaptación a las nuevas tecnologías intervendrá el Gobierno, propiciando el apoyo a la la I+D+i en dicho sector y la creación de una Mesa de la Movilidad para asesorar el proceso.
Se prevén medidas específicas para los núcleos de población por encima de los 50.000 habitantes, responsables de casi el 70% de las emisiones de CO2, como la creación de zonas de bajas emisiones hasta 2023 o la mejora de la red de transporte público, así como su progresiva electrificación.
Preparados frente a los riesgos del cambio climático
Un sistema de indicadores de impactos del cambio climático permitirá realizar un seguimiento de las políticas públicas, además de la evaluación de su éxito. Un mejor conocimiento de los riesgos permitirá una planificación y gestión más rigurosa de los planes hidrológicos o las infraestructuras. Además, se impondrán medidas de protección de la biodiversidad y políticas de desarrollo rural.
La lucha contra el cambio climático es cosa de todos, y por ello la ley aspira a favorecer el conocimiento y la responsabilidad social, además de trabajar en la preparación para cubrir los nuevos nichos de trabajo del futuro.
La solidaridad será otra de las claves de la transición energética, y se concreta en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 2021-2030 y de la Estrategia de Transición Justa, cuyo objetivo final es ofrecer oportunidades de conversión y empleo a los territorios y trabajador afectados.